Por El Pordiosero
El candidato idóneo del gobierno de la ciudad para presidir el sindicato, es Juan Ayala Rivero, les anunció el oficial mayor, Adrián Michel, a los dirigentes del SUTGDF, encabezados por Enrique Hanff Vázquez. Era mediados de 2011.
En la reunión realizada en un restaurante ubicado en la calle de Revillagigedo, en el centro de la ciudad, la sorpresa fue mayúscula: el nombre de Ayala Rivero había sido incluido de última hora y de relleno entre los precandidatos a encabezar, los siguientes cuatro años, el sindicato mayoritario de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.
El precandidato favorito del presidente del SUTGDF para que lo sustituyera, era Aarón Ortega Villa. Un error de estrategia de Hanff Vázquez, lo decidió a sumentar a cuatro aspirantes, en lugar que fueran tres para hacerle espacio a Ayala Rivero.
En el congreso electivo de julio de ese año, Ayala Rivero asumió la dirigencia de unos 110 mil trabajadores de base del gobierno de la ciudad.
Unos meses más tarde, se convirtió en uno de los principales aliados de Miguel Ángel Mancera, a quien no vacilaba en llamar “el mejor jefe de Gobierno de la Ciudad de México”.
Fue la época en la que Ebrard tuvo que refugiarse en el extranjero, ante el riesgo que su sucesor lo persiguiera penalmente, por irregularidades en la construcción de la línea 12 del metro, la mitad de la cual debió ser paralizada durante un año ocho meses -de marzo de 2014 a noviembre de 2015- por desgaste excesivo en los rieles.
En el gobierno de Mancera, fue también funcionario de alto nivel Rufino H. León Tovar, quien se desempeñó como el secretario de movilidad y quien en noviembre de 2004 fue director general de asuntos jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, con Ebrard, cuando ocurrió el linchamientos de tres agentes de la policía preventiva en el poblado de San Juan Ixtayopan, en la entonces delegación Tláhuac.
León Tovar es actualmente presidente de la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje -antes fue procurador de la defensa de los trabajadores al servicio del estado, aún cuando hacia precampaña en busca de ser candidato a gobernador de Hidalgo-. Es, aparentemente, quien más influye en el magistrado presidente, Plácido Humberto Morales Vázquez.
Esa influencia habría sido determinante para que el presidente del TFCyA saliera a declarar que las elecciones en la sección 1 “Limpia y transportes” del SUTGCDMX -efectuadas el 28 de octubre-, son inválidas porque no cumplieron, dijo, con los requisitos del artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La intención fue debilitar la precandidatura presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum, para beneficiar a Ebrard.
Y es que Hugo Alfredo Alonso Ortiz, ratificado en el liderazgo de esa sección, y quien aglutina a otras 11 seccionales que en conjunto agremian a la mayoría de los trabajadores, está convertido en uno de los aliados con mayor poder de convocatoria en la ciudad de la precandidatura de la doctora Sheinbaum.
El grupo de secretarios generales afines a Alonso Ortiz, se integraron a la organización política SUMA Construcción Social -impulsada por el ex diputado local Efraín Morales-, con la finalidad de promover la candidatura presidencial de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Poner en entredicho la legalidad de la ratificación del secretario general de la sección 1 “Limpia y transportes” del SUTGCDMX desde el TFCyA, deja ver que la intención del magistrado presidente es restarle apoyos a la jefa de gobierno y beneficiar la candidatura presidencial del secretario de Relaciones Exteriores.
El magistrado Morales Vázquez no tuvo empacho en mentir: “no tenemos ni expediente ni convocatoria”, declaró a la reportera Bertha Becerra del periódico El Sol de México -véase la sección Metrópoli del martes 15 de noviembre- del proceso electoral seccional. Resulta que el 11 de octubre, a través de oficialía de partes del TFCyA, le fue notificada la convocatoria, y el 10 de noviembre el expediente completo con los resultados.
“Si es verdad que hicieron una elección, no es válida”, afirmó con una enorme irresponsabilidad el magistrado presidente del TFCyA, con tal de lograr sus propósitos políticos.
Con la notificación de la convocatoria a elecciones en la seccional y del resultado -documentos firmados por el secretario de procesos electorales del SUTGCDMX, Miguel Ángel Estrada Manzo-, se dio cumplimiento a lo que establecen los artículos 69 y 77 fracción II de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Al no existir conflicto intersindical, el tribunal de conciliación debió entregar la toma de nota -reconocimiento gubernamental- de la elección, en una decisión administrativa.
El problema es que durante la presidencia del magistrado Morales Vázquez, el TFCyA ha destacado por ser un tribunal de consigna política y no de legalidad.
El 7 de junio, otorgó la toma de nota del triunfo de Norma Liliana Rodríguez Argüelles, en la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), pese evidentes inconsistencias jurídicas: el trámite fue realizado por el presidente saliente del comité nacional electoral. Alberto Noé Berumen, sólo siete días antes.
El artículo 44 del estatuto del SNTISSSTE, establece: “Una vez clausurado el Congreso Nacional Ordinario, el original del Acta que se levante será enviada por el Comité Ejecutivo Nacional electo al H. TFCyA”.
Es decir, primero debió tomar protesta Norma Liliana y su comité, y posteriormente tramitar la toma de nota a través de la presidenta del comité nacional electoral –Gabriela Eugenia Barragán Galindo sustituyó a Noé Berumen-.
El tribunal, independientemente de la celeridad con la que actuó en este caso, no reparó en que los trabajos del congreso del SNTISSSTE iniciaron un día después, con lo que se violó la convocatoria y por tanto todos y cada uno de los acuerdos eran nulos. ¿Motivaciones políticas?
En el SUTGCDMX, dos grupos mayoritarios ejercen el control: el que encabeza Alonso Ortiz y el que dirige César Piña Rodríguez -y que tiene, en Juan Ayala Rivero, su líder moral, mientras el director general de administración y desarrollo de personal del GCDMX, Sergio López Montecino actúa ocasionalmente como su asesor-.
¿Ayala Rivero habrá sido readmitido en el grupo de Ebrard, para coincidir con los magistrados Morales Vázquez y León Tovar? Así se explicaría el golpeteo a Alonso Ortiz para debilitar la precandidatura presidencial de la doctora Sheinbaum.
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