Las elecciones del 9 de enero de 2020 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), fueron las primeras a través de voto secreto, personal, libre y directo de los trabajadores, después de la reforma laboral. Al ganar Hugo Alfredo Alonso Ortiz, un candidato indeseable para el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, mediante maniobras jurídicas, en la práctica fueron anuladas.
Desde entonces, las cuotas sindicales de unos 110 mil trabajadores son entregadas a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), al serle legalizado un llamado Directorio Sindical -figura no contemplada en los estatutos para el comité ejecutivo general- para que se hiciese cargo del SUTGCDMX.
La falta de mantenimiento a los edificios sindicales de las calles de Antonio Caso y Venustiano Carranza, en el centro de la ciudad, lucen sucios y descuidados. Parecen lugares de mala muerte.
Un error de dedo en la fecha de la fecha en la convocatoria a las elecciones, subsanado mediante un adendum al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, fue el argumento para, mediante una serie de irregularidades que sólo se entienden por la intromisión gubernamental, desconocer el resultado de las elecciones.
La primera irregularidad consistió en que un juzgado de distrito le dio entrada a la demanda de un juicio de amparo en contra de la convocatoria. Lo procedente era un juicio de nulidad ordinario ante el TFCyA. Se torció la ley para violentar la voluntad de los trabajadores afiliados al sindicato más numeroso de la Ciudad de México.
Y a partir de esa irregularidad, se desprendieron muchas más. El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Laboral de la Ciudad de México ordenó la suspensión del acto reclamado y por tanto la suspensión de las elecciones.
El TFCyA, presidido por el magistrado Plácido Humberto Morales Vázquez, no notificó en tiempo las medidas cautelares del Poder Judicial -la tarde del 8 de enero pegó en las puertas sindicales un aviso dándole al presidente interino, Héctor Castelán o al apoderado jurídico dos días hábiles para que acudieran a darse por enterados-, generó condiciones para que la elección de dirigentes fuera legal.
Aún así, el magistrado Morales Vázquez públicamente señaló que las elecciones eran nulas, con lo que exhibió su ignorancia en materia de derecho colectivo, o era parte de la estrategia para no validar lo que se pronosticaba un contundente triunfo de Alonso Ortiz, candidato a la presidencia del SUTGCDMX por la planilla azul.
El reformado artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), no autoriza al tribunal de conciliación a anular una elección sindical.
Hubo quienes señalaban que Castelán y Alonso Ortiz, entre otros dirigentes sindicales, enfrentarías consecuencias jurídicas al haber incurrido en desacato judicial por no suspender las elecciones pese a la medida cautelar judicial. La juez paralizó el reconocimiento del resultado hasta en tanto resuelva el fondo del asunto, es decir se encuentra todavía en la indefinición jurídica.
Aún así, el 20 de enero del año pasado días el TFCyA validó un denominado Directorio Sindical promovido por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) que preside Joel Ayala Almeida, para que se hiciera cargo del SUTGCDMX y convocara, en los siguientes tres meses a elección, en una violación a la Ley de Amparo. Posaron para la fotografía con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
El artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo -de aplicación supletoria- prohíbe la intromisión de las autoridades en la vida interna de los sindicatos. La validación de una inexistente figura, ¿viola la autonomía sindical al entrometerse en su vida interna?
A Alonso Ortiz el gobierno de la doctora Sheinbaum no le perdona su activismo en la campaña de Alejandra Barrales, candidata en 2018 a jefa de gobierno de la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, olvidándose del trabajo político que en la actualidad realiza en favor de los candidatos de Morena para que ganen el mayor número de alcaldías.
Ayala Almeida no ha tenido interés o no ha sabido construir una candidatura sólida al liderazgo sindical, rodeándose de un grupo sin influencia entre los trabajadores, más preocupados por sus intereses personales. Al dirigente de la burocracia parece pesarle su viejo cacicazgo de casi 44 años en el sindicalismo burocrático -de los cuales 23 años han sido al frente de la FSTSE-.
Hasta en tanto no sean resueltos los amparos, en el SUTGCDMX no podrá convocarse a elecciones -aún cuando el gobierno no destaca por ser muy pulcro en materia legal-, hay quien cree, como Maximiliano García, Ricardo Anguiano y Verónica Moreno, que la candidatura está a su mano por el apoyo de Ayala Almeida.
Alonso Ortiz, aceptó que la secretaria de educación de la sección 1 “Limpia y transportes -la más numerosa del SUTGCDMX-, Luz María Hernández Flores, fuera incluida por el PRD como suplente de la diputada al Congreso de la Ciudad de México, Paula Castillo, esposa del ex subsecretario de capital humano en el gobierno de Miguel Mancera, Miguel Ángel Vásquez.
La señora Hernández Flores, según esto, es la delfina a la secretaría general seccional, una vez que la pandemia de la Covid-19 permita convocar a elecciones, con el riesgo de generar una profunda división, lo que terminaría por enterrar a Alonso Ortiz. En caso contrario ella impulsaría al secretario de becas, Héctor Hernández Mora -con apoyo también del ex secretario general Jesús Vital- o a Jesús Fernando Cerón Padilla “El niño verde” de la Alcaldía Benito Juárez.
Mientras el sindicato más numeroso de la ciudad esté en la indefinición jurídica, el deterioro de su patrimonio, junto las prestaciones económicas, continuará inexorablemente.
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