Por el Pordiosero
Detrás de la renuncia de Víctor Manuel Hernández Sandoval a la dirección general del organismo Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), por el acercamiento de dos aviones en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la CDMX, hay una campaña de hostigamiento laboral en contra de los controladores de tránsito aéreo y sus dirigentes sindicales emprendida, por funcionarios con ánimos de venganza.
Desde que en diciembre de 2018, Raúl Campilla Gómez -compadre de grado del ex director general-, fue designado supervisor de servicios aeronáuticos, junto con Gustavo Alcalá y Raúl Lujano, también funcionarios de confianza en el SENEAM, emprendieron acciones con la finalidad de desaparecer el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA).
Campilla Gómez fue el primer secretario general de ese sindicato, el cual en mayo de 1999 introdujo un aire de renovación en las organizaciones de trabajadores del Estado, al lograr una resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional el artículo 68 de la Ley Federal delos Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), la cual limitaba a solo un sindicato por dependencia pública.
Fue el primer sindicato gremial en ser reconocido por el gobierno mexicano en el sector público
Con la asesoría del abogado Alejandro Velázquez Méndez -ex integrante del conjunto musical los Hooligans-, meses después consiguieron que la Corte declarara también inconstitucional el artículo 72 de la LFTSE, que prohibía la reelección de los dirigentes sindicales en el sector público.
Posteriormente se alzaron con un nuevo triunfo jurídico de relevancia: se ordenó a la Secretaría -ahora también de Infraestructura-, Comunicaciones y Transportes, la forma de condiciones generales de trabajo exclusivas para los controladores de tránsito aéreo.
En 2012, Campilla Gómez anunció a la dirigencia sindical que no optaría por la reelección en la secretaria general del SINACTA. En realidad pretendía que se le pidiera reconsiderara, lo que no ocurrió, y fue electo en su lugar Ángel Iturbe Estrop.
A partir de entonces el ex dirigente sindical incubó un creciente resentimiento en contra de quienes no satisficieron sus deseos.
Iturbe Estrop planteó cancelar la compensación económica que durante años Campilla Gómez le había otorgado -a cuenta delas cuotas sindicales- a Mauro Sánchez Méndez, por el apoyo que supuestamente les había otorgado en la creación. del SINACTA. Los odios se exacerbaron.
A la polarización contribuyó que en mayo de 2018, Gustavo Alcalá debió declinar a su candidatura por el liderazgo sindical -alentado por Campilla y Sánchez-, para no sufrir una aplastante derrota frente a José Alfredo Covarrubias Aguilar.
Sólo unos meses después, el naciente gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, designó a Víctor Manuel Hernández Sandoval director general del SENEAM, con años de alejamiento del sector aeronáutico del país, por desempeñarse en la OACI, la organización internacional aérea.
Una de las primeras decisiones de Hernández Sandoval fue integrar a su compadre Campilla Gómez a su cuerpo de funcionarios, quien a su vez llevó a Alcalá y a Raúl Lujano -también ex dirigentes del SINACTA- a que se desempeñaran como empleados de confianza. Había llegado la hora de la revancha en contra de sus ex compañeros de lucha sindical.
En abril del año siguiente, Campilla Gómez convenció a su compadre el director general para que designara a Sánchez Méndez de encargado del jurídico -con categoría en nómina como técnico aeronáutico especializado-, un jubilado del ISSSTE que durante siete meses cobró indebidamente su pensión, hasta que el SNACTA presentó una queja en la Secretaría de la Función Pública, obligándolo a reintegrar las cantidades indebidas que recibió más intereses.
Sánchez Méndez fue promovido a coordinador de ingeniería -con clave 1040001, código CXF33766-001- en la Dirección General Jurídico, el 1o de abril pasado. El nombramiento fue autorizado por el director general y la directora de área de administración, América Sánchez Sánchez. La irregularidad pudiera configurar el delito de usurpación de profesión.
Ese grupo, con capacidad para decisiones directivas, emprendió de inmediato una embestida en contra del sindicato de los controladores aéreos y sus dirigentes: lograron que la secretaría de comunicaciones iniciará un juicio ante el tribunal de conciliación demandando la cancelación del registro sindical, y no renovaron las licencias de los integrantes del comité ejecutivo sindical.
Primero convencieron a la secretaría de comunicación a que tramitará un juicio de cancelación del registro sindical del SINACTA ante el tribunal de conciliación, pese a no tener legitimación para una acción de esa naturaleza. El asunto se encuentra en procesamiento de un amparo.
En contraparte, en noviembre de 2019 el SINACTA emplazó a huelga por violaciones a las condiciones laborales de los controladores aéreos, incluida la integración de las comisiones mixtas -las que en la actualidad siguen sin sesionar-, respeto a procedimientos escalafonarios, capacitación conforme a normas, cursos obligatorios de la Dirección General de Aeronáutica Civil y respeto de horarios laborales, en una enorme lista.
En un desplegado público, el sindicato acusó de corruptos a los directivos del SENEAM, cuyo resentimiento, puntualizó, “es que en el pasado no accedimos a pagar a uno de ellos por información privilegiada que nos ofreció de auditorías hechas por la OACI”, en referencia al ahora ex director general Hernández Sandoval, “ni permitimos a otro de ellos que cobrara ‘cuotas’ a otros sindicatos en nombre de los controladores”, lo que hacía el encargado del jurídico, al que previamente llamaron “extorsionador de sindicatos”.
En el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero de 2020, se le notificó a Ángel Iturbe Estrop, secretario de organización del SINACTA, que el 15 de enero se habían dado por terminados los efectos de su nombramiento como servidor público por abandono de empleo “y repetida falta injustificada a sus labores”.
Al secretario general, José Alfredo Covarrubias Aguilar, también a través del Diario Oficial se le notificó su despido, una vez que tampoco se le renovó su comisión sindical, al negarse, al igual que Iturbe Estrop a revalidar su licencia de controlador de tránsito aéreo, a lo que no estaban obligados por no estar frente a pantallas y realizar una labor de representación sindical.
El tribunal de conciliación confirmó la calidez del cese de los dirigentes de los controladores de tránsito aeropuerto, laico que fue invalidado por el Devimotercer Tribunal Colegiado de Trabajo del Primer Circuito, el cual argumentó que al no haberse solicitado la intervención del SINACTA en las actas administrativas que se levantaron, no se cumplieron las formalidades para darlos de baja.
La secretaría de comunicaciones tramitó la revisión del amparo, por lo que el juicio laboral continúa.
Apenas el domingo 8 de mayo, el director general del SENEAM, Víctor Manuel Hernández Sandoval, presentó su renuncia al trascender el acercamiento entre dos aviones de la empresa Volaris que estuvo cerca de convertirse en una tragedia.
Previamente diversas organizaciones -incluso internacionales- habían alertado de riesgos en el sector aeronáutico del país. El subsecretario de transportes de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons, señaló que entre las causas de los sucesos ocurridos son consecuencia, entre otros factores, del mal ambiente laboral de los controladores aéreos.
“El Director General de SENEAM ha generado un ambiente de terrorismo laboral violatorio de derechos humanos laborales intolerables en el servicio público, más aún cuando se presta un servicio que implica la seguridad e integridad de las perdonas, razón por la cual se deben tomar medidas correctivas inmediatas para evitarle riesgos a la población”, señaló en un comunicado previo al incidente, Covarrubias Aguilar.
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