Luis Escobar Ramos
En abono a este tema y sin pretender ser reiterativo, es importante considerar que adicionalmente a las necesidades de cibervigilancia y ciberseguridad que demanda el país como consecuencia de la evolución tecnológica y el tránsito en curso hacia las economías digitales, se deben presentes tener los compromisos asumidos al ser parte del acuerdo comercial entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) siendo uno de ellos el desarrollar y mejorar las capacidades en cada país participante para disminuir los incidentes en ciberseguridad, así como endurecer los esquemas de colaboración actuales con la finalidad de cooperar en la identificación y atenuación de las infracciones maliciosas o la propagación de códigos dañinos que siempre buscan afectar las diversas redes.
El T-MEC en su contenido incluye capítulos relativos a telecomunicaciones, comercio digital (E-Commerce) y propiedad intelectual; por lo que se hace necesario y obligatorio diseñar una estrategia integral que contemple ejes de desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones robusta y resiliente que permita el flujo de información a grandes velocidades, reduzca los tiempos de respuesta en las órdenes enviadas a los dispositivos (latencia) y soporte el curso de altos volúmenes de información en sus diferentes modalidades (densidad de redes); el impulso y fortalecimiento de empresas de innovación tecnológica (STARTUPS) y financieras tecnológicas (FINTECH) que se integren al ecosistema del comercio electrónico, logrando su participación en el ámbito transfronterizo, permitiendo con ello hacer frente a la necesidad de desarrollo tecnológico e innovación, que se requiere para dejar el papel de sólo ser un socio maquilador- manufacturero para pasar a jugar un rol de verdadero socio comercial en igualdad de circunstancias. De igual forma, se robustezcan, adecuen y flexibilicen las leyes en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, para promover la investigación, invención y desarrollo de tecnología propia.
En todo lo anterior, es transversal el aspecto de ciberseguridad para brindar certeza a las instituciones de gobierno, sector privado, sociedad en su conjunto y usuarios en el plano individual y de ahí se desprende la urgente necesidad de una Ley de Ciberseguridad que genere un marco legal sólido y eficaz que haga frente a los continuos ataques que constituyen verdaderos delitos en el espacio virtual, pero con repercusiones en el mundo físico.
Este entramado al que hago alusión debe tener un rango de seguridad nacional, debe estar bajo rectoría del Estado, con distribución de competencias en estricta armonía con la Carta Magna, con atribuciones muy claras y transparentes en los tres órdenes de gobierno para que puedan garantizar certidumbre y, asimismo, cuenten con una visión de respeto y protección a los derechos humanos.
A resumidas cuentas, de lo que se trata es de una articulación con definiciones correctas y certeras de las competencias de las autoridades responsables en la materia y sus facultades y obligaciones respectivas. Dicha Ley puede armonizar y amalgamar leyes como: la ce Seguridad Nacional, de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la de Responsabilidades Administrativas, entre otras, considerando la asunción de las mejores prácticas del ámbito mundial.
La tarea se ha iniciado, pero es urgente terminarla y ponerla en práctica para el beneficio todos.
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Twitter @LUISESCOBARRAM6)
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