Jacinto de la Cruz Vázquez
Entonces este descubrimiento fue por asares del destino, sin que haya una búsqueda de personas desaparecidas, es decir, la Fiscalía del Estado de Nuevo León, como otras de la República Mexicana, no tienen protocolo, o una metodología de investigación, y denota la falta de preparación de los elementos policiacos, además sí aumentamos otros factores de corrupción o complicidad de la policía, o bien por negligencia o simplemente se encuentran rebasados por la carga de trabajo o falta de presupuesto o bien por indiferencia de las autoridades para investigar, estas causas favorecen en alto grado, para que la delincuencia contra las mujeres vaya en aumento, e impacte en gran medida en la población, llegando al terror de transitar en las calles, a las mujeres, provocando la movilización de grupos de mujeres, exigiendo que el Estado, garantice su supervivencia.
En México existe un marco jurídico, que tiene como objetivo garantizar la vida de la mujer, así como el fenómeno de la discriminación, tales como:
Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Ley del Instituto Nacional de Mujeres.
Se realizan conmemoraciones en favor de la mujer, programas o foros. Estas leyes, son enunciativas, porque no se llega a implementar, para que puedan ayudar a la reducción de los feminicidios o la violencia en contra de las mujeres, actualmente el índice aumenta, en forma mensual o cada año, sin que las leyes en pro de las feminas, ayuden para su bienestar y convivencia.
En enero del año 2022, suman 157 feminicidios, según datos de la Secretaria de Seguridad Pública, en el mes de febrero de este año, se registró 80 feminicidios. Ahora, hay datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en el comunicado de prensa número 143/2022, advierte que hubo un incremento de violencia dentro de la familia de 5.3 % entre 2019 y 2020 y se le atribuye al confinamiento por la pandemia COVID-19. Subió la violencia contra la mujer, al estar expuesta dentro de su misma familia. Lo cual es preocupante, sin embargo las autoridades se deben de ocupar, tomando en cuenta que la pandemia no cesa y permanecerá, y no se tiene fecha para su conclusión.
En el año 2020, la Cámara de Diputados, aprobó un presupuesto de 126 millones de pesos, a la Fiscalía General de la República, para atender delitos de violencia contra las mujeres, pero en realidad recibió 33 millones. Y para este año 2022, tuvo un incremento, al anexo 13, pero está dirigido a programas de gobierno, los cuales no tienen relación para la investigación del tema de violencia contra las mujeres.
¿Y qué es el anexo 13? Es el presupuesto para la igualdad de género, es el sustento financiero de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Su importancia radica en la inversión pública, para elevar la calidad de vida de mujeres y niñas, pero al carecer del presupuesto, su implementación no cumple con su objetivo primordial. Dejando a un lado los estudios, respecto a este fenómeno en México.
El Estado ha sido indiferente, en la investigación de homicidios a mujeres, lo cual es primordial para llegar a una conclusión del estudio, respecto a las causas o razones del aumento de las mujeres asesinadas, por ejemplo, una explicación sustentada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en el comunicado de prensa número 143/2022, señala que el aumento de la violencia familiar a las mujeres, obedece al confinamiento, entonces el presupuesto debe dirigirse a esa causa, para la prevención de delito, sin embargo, aun con el poco presupuesto asignado, se denota la indiferencia de las autoridades, para reducir la violencia. Por otro lado las cifras del INEGI, indica que el 38.9 % del delito de feminicidio ocurre en el vía pública. Entonces sí se tiene definidos algunas de las causas, porque no trabajar, en ello, como también servirnos de los datos facilitados por asociaciones civiles, y en su conjunto es posible, trabajar y minimizar los homicidios a mujeres.
Es inadmisible, que habiendo normas jurídicas, para la protección de la mujer, así como instituciones para evitar la violencia, a pesar de implementación y diseños de programas en pro de las mujeres, no se reduce los femenicidios, en contraste va en aumento, sin que tengan resultados favorable los organismos creados para tal fin, se deben de autoevaluar sí se encuentran ejecutando las herramientas necesarias, con independencia de la escases del recurso económico, ya habrá un Ejecutivo Federal y Fiscal General, que tengan el interés en invertir presupuesto para investigación de los delitos, pero debe estar acompañado de un buen proyecto que vaya de la mano, con la normas para la protección de las mujeres.
También los Gobernadores de las Entidades Federativas y los Fiscales respectivamente, deben efectuar y valerse de las mismas leyes generales, y no solo donde se encuentren el mayor índice de muertes de mujeres, tales como el Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, entre otros Estados, que cuentan en su haber, con una mujer asesinada como mínimo, según datos del Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
México, como parte en los instrumentos internacionales, está cumpliendo con la protección de las mujeres, para la elaboración de políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como la promulgación de leyes, para enfrentar el fenómeno de la discriminación y la violencia de género. Pero está fallando en la ejecución para promover y garantizar los derechos de las mujeres a vivir sin discriminación y sin violencia, como lo hacen notar las estadísticas.
