Doxa
Cabe destacar que, como en muchas otras cosas, nuestro país no solamente ésta llegando tarde a la instauración de los procesos de democracia indirecta por medio de la participación ciudadana; sino que, además, la consolidación de este proceso parece darse de manera auténtica o yo diría sui géneris que, llegando al último momento para decidir si ejercer o no nuestro derecho al voto, merece la pena reflexionarlo.
Aníbal Liñán, destacado especialista que ha estudiado los procesos de juicio político y revocación de mandato en varios países de América Latina, concluyó que por lo menos en los últimos 20 años, este ejercicio en la región ha obedecido más al empuje de situaciones externas, que a situaciones institucionales al interior de los países.
Además de que existen al menos tres condiciones para su cumplimiento, en resumen, que el presidente no cuente con la mayoría de su partido en el Poder Legislativo, que los medios de comunicación impulsen un escándalo mediático en contra del presidente, y que se lleve a cabo una exigencia y movilización por parte de la ciudadanía donde se exija la renuncia del titular del Ejecutivo (Pérez-Liñán, 2009).
Y no sólo eso, también concluyó que entre las principales causas que llevaron a los países latinoamericanos a realizar este ejercicio, fue en primer lugar, la confrontación del Ejecutivo y el Legislativo, seguido del impulso de las protestas sociales que cuestionaron de manera contundente el papel de la figura presidencial, y finalmente con un porcentaje menor el descontento por las crisis económicas.
En el caso de México, me llama la atención que, a pesar de que se atraviesa por una evidente crisis económica desde los últimos dos años, y de la que aún se pueden esperar consecuencias profundas, no parece ser el motivo principal que originó la exigencia de la revocación de mandato y/o del posible impeachment a la figura presidencial.
Además de que, del reacomodo de las fuerzas políticas en el Poder Legislativo aún no hay evidencias suficientes que permitan vislumbrar fracturas en el apoyo que el bloque conformado por su partido le ofrece para impulsar sus políticas, así que, por lo menos estas dos condiciones pueden no ser aplicables en nuestro país.
Llegado a este punto, entonces ni que decir de la tercera condición propuesta por el especialista, que refiere a la exigencia ciudadana como la fuente del cuestionamiento profundo a la figura presidencial, ya que aún entre los defensores más férreos que consideran que la revocación del mandato es un derecho imprescindible que tenemos los ciudadanos en el contexto de los sistemas democráticos, de manera indudable parece muy cuestionable la idea de que su cumplimiento corresponde a un ejercicio emanado de una real exigencia ciudadana -refiriendo con ello a las notables acusaciones en que vieron envueltos los procesos de solicitud de firmas por parte de actores de la seudo Sociedad Civil-Que Siga la Democracia-, que figuraron como los protagonistas en la recaudación de la mayoría de las firmas para realizar la consulta-.
Por el contrario, la trayectoria de los sucesos que le dieron vida al ejercicio de la revocación del mandato en nuestro país se acerca más a una iniciativa estilo Top-Down (de arriba hacia abajo), donde la figura presidencial es quien convoca y propicia que una parte de la sociedad organizada sea quien la exija y la promueva, no en vano en repetidas ocasiones se ha hablado de un ejercicio de “ratificación”, más que de la exigencia de revocación. En este sentido, puede decirse que la tercera condición que observó Liñán en los casos sucedidos en otros países tampoco será aplicable para nuestro México.
Sin embargo, a unas horas de llevarse a cabo ésta consulta, se puede aventurar un escenario en donde no sólo el proceso de revocación del mandato resulta una situación sui generis, sino que, de manera prospectiva la particularidad con que han sucedido estos hechos puede trasladarse al terreno de los resultados que se obtengan.
Ya que mientras en América Latina un total aproximado de quince mandatarios han resultado removidos de sus cargos a consecuencia de las votaciones, y 7 de ellos renunciaron a su cargo antes de que éste fuera destituido de manera formal; en nuestro país parece no haber las condiciones para que, ni el presidente renuncie a la idea de dejar su puesto -entendiendo que desde su discurso asume y se visualiza con un alto respaldo por parte de la opinión pública-, ni en el remoto caso de que los resultados llevaran a solicitar un juicio político por parte de la ciudadanía, habría las condiciones legislativas para poder generarlo.
Por lo tanto, considero que hay que tomar con cautela los resultados que le puede aportar este proceso a la democracia mexicana, ya que puede derivar en más dudas que certezas. Así, es probable que lo que suceda en México, al tratarse de un proceso autentico, si bien contará con precedentes importantes en el continente americano, no así compartirá similitudes con los mecanismos causales que pusieron a la ciudadanía y a las protestas sociales como el origen principal de su realización.
Ya lo advertía el antiguo diplomático francés, Charles Maurice Talleyrant, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.
