TFCyA valida elección seccional de SNTISSSTE, impugnada por violar estatuto sindical

• La sección 96 del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (SUTPJCDMX), dio a conocer que en el Día Internacional de la Mujer, sus trabajadoras afiliadas recibirán un apoyo económico de mil pesos. Esa prestación beneficiará a todas las mujeres que prestan sus servicios en el Tribunal Superior de Justicia y en el Consejo de la Judicatura de la capital del país.

 

 

• En las condiciones generales de trabajo, de las que es titular el SUTPJCDMX -su secretario general es el doctor Diego Valdez Medina– en su calidad de sindicato mayoritario, se pactó que anualmente se entregará ese incentivo económico a las mujeres trabajadoras en el día que internacionalmente se les celebra.

 

 

• El 28 de febrero, en el Boletín Laboral Burocrático del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA), fue publicado el acuerdo que se otorgó el reconocimiento gubernamental a la irregular elección de Graciela Soto Robledo como secretaria general de la sección Sinaloa del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE).

 

 

• Esa elección fue avalada por el comité nacional electoral que preside Gabriela Eugenia Barragán Galindo, pese a que violentó el estatuto, debido a que la planilla roja que la postuló, no cumplió los requisitos previstos en la convocatoria y el estatuto sindical, por lo que el comité electoral seccional no le otorgó el registro para que participara en el proceso electoral.

 

 

• La candidata de la planilla morada, Oneyda Quintero Castillo, al ser la única con registro para contender es, legalmente la secretaria general de la seccional, por lo que inició un juicio de nulidad en contra de la decisión de la resolución de comité nacional electoral del SNTISSSTE. El TFCyA que preside el magistrado Plácido Humberto Morales, exhibe que no verificó el estatuto, como está obligado. ¿Corrupción?

 

 

• La señora Soto Robledo no ha podido superar que su gestión se encuentre legalmente cuestionada, por lo que ha hecho uso de todos los recursos legales e ilegales, para combatir a quien identifica como seguidor de la planilla morada, a costa de generar una irreconciliable división en esa sección con unos 2 mil trabajadores afiliados.

 

 

• Apenas el 27 de febrero, el trabajador Mario Irving Pista, adscrito a la Unidad de Medicina Familiar Escuinapan, le denunció a Norma Liliana Rodríguez Argüelles, presidenta del SNTISSSTE, las violaciones a la legalidad en la que incurren los dirigentes seccionales en connivencia con funcionarios de la delegación estatal del ISSSTE.

 

• Pista, quien vive en Mazatlán y todos los días invierte en promedio tres horas 50 minutos para ir a su centro de trabajo a Escuinapa, con un costo quincenal de unos 4 mil 780 pesos -su sueldo es de 6 mil 500 pesos como apoyo administrativo en salud A-3, con una licenciatura en administración en empresas turísticas-, tramitó desde mayo de 2017 su cambio de adscripción.

 

 

• Ese tipo de movimientos -incluidos también ingresos y movimientos escalafonarios, entre otros, son decididos por subcomisiones mixtas -integradas por representantes del ISSSTE y del sindicato mayoritario en cada sede administrativa- mediante puntajes que evalúan antigüedad, nivel de estudios, entre otros, de acuerdo con los reglamentos específicos. Hacen convocatoria y se publican resultados.

 

 

• Valiendole pepino el marco jurídico y el puntaje de Pista, la subcomisión mixta de escalafón de la delegación estatal del ISSSTE, decidió que una plaza que había quedado vacante por jubilación de su titular en la clínica hospital de Mazatlán, sin publicarla, le fuera entregada a Gabriela Saraí Soto Valdez. Un acto evidente de corrupción.

 

 

• El trabajador optó por ejercer su derecho de impugnación. Pero la secretaria técnica de la subcomisión, Marlene Leticia Sánchez Imperial, presionada por integrantes de la sección del SNTISSSTE en Sinaloa –Natalia Durán Faz, Selena Castro García, Olga Olivia Lizárraga Magaña y Rosario de Jesús Osuna Angulo– se negaba a recibir el escrito.

 

 

• El director de recursos humanos, Michel Armando Velarde, le ordenó que se recibiera la impugnación. La señora Durán Faz -secretaria general adjunta de la sección sindical- le exigía lo contrario con el pretexto que era improcedente. A cambio de la plaza en cuestión, J. Reyes Avitia Cota -secretario de trabajo y conflictos- le ofertó una catafixia: camillero mantenimiento o cocina. Al ISSSTE se lo carcome la corrupción con esa clase de dirigentes sindicales.

 

 

• Y ya que estamos con actos de corrupción, Alberto Galván Vargas era, hasta hace sólo un año, enfermero general “A” en el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos. Fue ascendido a jefe de piso, sin cumplir los tiempos para escalafonar. Para evitar un escándalo, lo mantienen agazapado en hemodinamia, a la espera que transcurran seis meses un día y no se le pueda impugnar.

 

 

• Ahora se sabe que quien le aplicó el examen de evaluación, fue nada menos que la jefa de servicio en enseñanza de enfermería, Fabiola May Mejía, con la que, según sus compañeros de trabajo, mantiene una relación sentimental. En ese asunto, como en muchos más, autoridades y sindicato están coludidos, pese a que se violenten derechos laborales.

 

 

• En ese hospital -uno de los emblemáticos del ISSSTE-, la gestión del doctor Valentín Herrera Alarcón, los servicios se han ido deteriorando paulatinamente: desde hace tiempo áreas como urgencias, son inoperantes. Y cómo no, si personajes como Leticia González Domínguez -coordinadora de enfermería- y Francisca Montero Barrios -jefe operativo de enfermería- benefician a sus consentidos con turnos especiales.

 

• Mientras, el Órgano Interno de Control (OIC), a cargo de Luis Antonio García Calderón, mira para otro lado. Ni siquiera tuvo capacidad para detectar la simulación de competencia en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-051GN006-E6-2022 “Adquisición de vestuario y informes para personal de base, de conformidad con las condiciones generales de trabajo”.

 

 

• Esa licitación implicará compras del uniformes y ropa de trabajo por poco más de 750 millones de pesos correspondientes a 2022. El fallo de proveedores fue dado a conocer el 23 de diciembre. A tres empresas de un mismo propietario, le asignaron partidas por más de 500 millones de pesos; y a otras dos -también de un mismo dueño-, le comprarán más de 125 millones de pesos. Extraño, ¿no…?

 

 

“Los textos escritos en esta columna no son informaciones con sustento en documentos;  son versiones no confirmadas que se escuchan en los sindicatos.”