Empresario tamaulipeco acusado por huachicoleo de combustibles presume sus relaciones con el jefe de la ANAM
Luis Rivera Rodríguez fue ligado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a una red de contrabando de combustible.
Por El Relámpago
Luis Rivera Rodríguez, quien fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el gobierno de Estados Unidos por el contrabando de combustible, presume su cercanía con el titular de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), Rafael Marín Mollinedo.
Un grupo de agentes y empleados de las aduanas Tamaulipas hoy temen aún más que Rivera Rodríguez retome fuerza en el mundo empresarial de la entidad, luego del triunfo del morenista José Ramón Gómez Leal, como senador de Morena por el estado.
A Luis Rivera y Gómez se les relaciona como parte de una red de “contrabando documentado, defraudación fiscal equiparada, y operaciones con recursos de procedencia ilícita” con la compra y venta de combustibles.
Los empleados y funcionarios de la aduana de Reynosa advierten que con Luis Rivera regresan “los Carmona” a operar en las fronteras. Detrás de ese regreso ligan a Roberto Clemente Ramos García y Moises Rodrigo Jacome Fortuna, quienes trabajan para la Agencia Nacional de Aduanas.
El primer funcionario cuenta con licencia sindical por ser el secretario general delegacional en la Aduana de Reynosa, con ingresos declarados por 209 mil 520 pesos anuales, es decir, 17 mil 460 pesos mensuales, sin propiedades reportadas a la Secretaría de la Función Pública.
Moisés Rodrigo Jacome, jefe de Departamento en la Aduana de Reynosa, declara un ingreso público anual por poco más de 279 mil pesos, es decir 23 mil 288 pesos mensuales. También sin propiedades conocidas en sus declaraciones como Servidor Público.
También en las oficinas aduanales de Reynosa ven con extrañeza el arribo de tres personas ligadas con Luis Rivera Rodríguez desde hace varios años, que fueron funcionarios en la aduana y que ahora regresan a la administración militar. Se trata de Felipe Martínez Roque, subdirector de Informática y Contabilidad, además de encargado de los Módulos; Juan Paulo Ramos Bañuelos, subdirector de Operación Aduanera, y Alberto Flores García, subdirector de Operación Aduanera.
A Rivera Rodríguez lo persiguen desde 2007, cuando el Departamento de Seguridad Pública de Texas, Estados Unidos, detectó en Río Grande Valley, el paso de dinero, documentos y permisos a su nombre, como comerciante de derivados de petróleo desde México. La investigación inició y las ilegalidades ante el Gobierno de Estados Unidos, y el mexicano se han ido sumando, sin que hasta ahora el ya buscado comerciante sea presentado.
Se relata que funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas impidieron el paso a un automóvil que transportaba un millón 150 mil dólares con destino Río Grande Valley.
Luis Rivera, se presentó como dueño de lo incautado e hizo una petición para que se le devolvieran los recursos.
Presentó más de un millar de documentos para demostrar el origen legal del dinero, entre facturas y permisos que lo autorizaba para comercializar derivados de petróleo de Pemex.
La Drug Enforcement Administration (DEA) y el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) entraron en acción para compartir información, porque el único agente legalmente autorizado para vender estos derivados es Pemex. Ningún particular ni privado lo puede hacer.
Para julio de 2008, ICE y la DEA descubrieron que Sun Petroco LLC (la empresa de Rivera Rodríguez) vendía diésel y condensado de gas en Texas a 35 centavos de dólar el galón, muy por debajo del valor de mercado de 3.8 dólares (EIA).
Una empresa de Brownsville destacaba por los volúmenes de hidrocarburos adquiridos: Continental Fuels, publicó la revista Nexos en septiembre del año pasado.
Estas autoridades también argumentan la participación de agentes aduaneros que certificaron los hidrocarburos en México como desechos orgánicos para la exportación para que puedan ser etiquetados como cargamento como combustible.
En septiembre de 2008, Rivera Rodríguez fue detenido por cargos de robo de combustibles para exportar a Estados Unidos y lavado de dinero con recursos ligados al narcotráfico, y confesó haber participado en una gran operación de tráfico de combustibles que se desarrollaba en la Cuenca de Burgos desde 1998.
El 23 de mayo de 2007 la juez Susan C. Bucklew, de la Corte del Distrito Medio de Florida, condenó a Rivera a 11 años de prisión y otros cinco en libertad condicional, y el 16 de enero de 2013 desestimó su apelación por haber transcurrido más de un año desde que su sentencia quedó firme y por lo cual venció el plazo para presentarla, según el expediente 13-10553.
El retraso en la presentación de las demandas, que suman más de 700 archivos, provocó que fuese imposible la persecución legal de varios de los implicados.
El 14 de octubre de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la FGR a Luis Rivera como presunto “cobrador” de sobornos en la aduana de Reynosa, a quien se le relaciona con el ahora electo senador José Ramón Gómez Leal por Morena.
La UIF también relaciona a Rivera con una supuesta red de lavado de dinero que implica al mandatario Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Los delitos que la UIF le acusa son: “Contrabando documentado, defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Se le relaciona con el “huachicol fiscal” en las aduanas, que consiste en usar un mismo permiso para internar varios vehículos y reportar la importación de lubricantes en pipas y ferrotanques cuando en realidad se ingresa gasolina, evitando con eso el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en lo que se especializó desde que lo descubrió EU en 2007.
