La vejez en México, un desafío latente

DOXA

Los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo (Sófocles)

 

Esta última advirtió que para el año 2030 se proyecta que la cantidad de personas en rango de edad de 60 años o más, crezca en un 56 por ciento, alcanzando una cifra aproximada de 1.400 millones, lo que representará casi el 16,5 por ciento de la población mundial. Aunque con diferentes ritmos y dinámicas, lo mismo sucederá para el caso de Europa, América del Norte, Asia, en África y América Latina (ONU, Apoyo para el Desarrollo Sostenible).

 

De acuerdo con el INEGI (2021), en México de los años 1990 a 2020, la población de 60 años y más paso de 5 a 15.1 millones, representando con ello el 12% de la población nacional en la actualidad. Sin embargo, este proceso no ha resultado una dinámica homogénea, ya que se observan variaciones dependiendo los rangos de edad, por ejemplo, el 56% de esta población se ubican en el grupo de 60 a 69 años, pero según avanza el rango de edad, la población disminuye, 29% quienes tienen 70 a 79 años y 15% en los que tienen 80 y más.

 

Asimismo, las distribuciones de los índices de envejecimiento presentan una considerable variación territorial, por ejemplo, los estados del sur del país, son quienes poseen los índices de envejecimiento más bajos, mientras que los índices más altos, se presentan en estados como la Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Sinaloa, Colima y Yucatán, siendo la Ciudad de México quien posee el índice de envejecimiento más alto de todo el país.

 

Si bien en esta encuesta se encontró que cerca del 98% de la población de 60 años y más hace uso de los servicios de salud, sin embargo, también existen cerca de 3 millones de personas que no tienen acceso a ningún sistema de seguridad social. En perspectiva, de un comparativo sobre las muertes a causa de la diabetes mellitus del año 2018 a 2020, se observa que en la población de 60 años y más, han aumentado considerablemente las defunciones (INEGI, 2020).

 

Al mismo tiempo, los datos del INEGI, evidencian que existen 2.4 millones de adultos mayores que no saben leer ni escribir, además de que, en cuestiones de analfabetismo, la brecha de género hace presente la desventaja para las mujeres, (19% hombres y 13% mujeres). Lo anterior deja mucho que desear respecto a las recomendaciones que han realizado organismos internacionales para que, en el marco de la otorgación y cumplimiento de derechos para los adultos mayores, los gobiernos puedan proporcionar el acceso no sólo a una educación básica sino a una oferta educativa que transite hacia el uso de las TICs.

 

Por otra parte, también se evidencia la importancia que tiene éste sector de la población en la producción nacional, al representar el 29% de la tasa de actividad económica, no obstante, en este rubro también se evidencian brechas de género entre hombres y mujeres, al tener los hombres una tasa de participación tres veces más alta que la de las mujeres (45% y 16% respectivamente). De este dato se desprende que, del porcentaje de estos adultos ocupados, el 47% trabaja por cuenta propia, seguido de quienes son trabajadores subordinados y remunerados (40%), aunque por sexo sigue habiendo diferencias, el 49% hombres y 46% mujeres.

 

Los datos anteriores, nos plantean por sí solos algunos de los desafíos más importantes que se presentan en nuestro México (pos pandemia), para poder enfrentar las demandas y necesidades derivadas del proceso de envejecimiento internacionales y nacional. Lo que quiere decir que, aun cuando la reciente administración gubernamental ha realizado un esfuerzo importante para continuar con el establecimiento de marcos normativos y la adopción del enfoque de derechos que regulan la asistencia social a la población nacional de adultos mayores de 60 años mediante la Ley de los derechos de las Personas Adultas Mayores -además de elevar a rango constitucional su derecho a la Pensión Universal-; la situación actual y sus características que evidencian heterogeneidad, demandan un conjunto de acciones por parte del o los gobiernos y la Sociedad Civil, a través de soluciones más creativas que no sólo complementen sino que puedan rebasar la visión asistencialista que se sostiene con el otorgamiento del derecho a una pensión universal. ¿Por qué un problema con características diversas y complejas, tendría que ser resuelto mediante una política “universal”?

 

La evidencia de la literatura muestra que por lo menos en el caso de nuestra región, para la configuración de las políticas públicas en materia de vejez, se identifican dos concepciones principales, la primera -que es la que predomina más-, se caracteriza por concebir a los adultos mayores desde una perspectiva carencial de todo tipo, económico, físico y social, expresadas en la falta de ingresos, autonomía y/o por los roles sociales (CEPAL, 2004). Considero que en este nivel podemos ubicar a la actual política de gobierno que se ha implementado junto con la premisa de que el reparto de ingresos per se puede saldar los retos en materia social, educativa, de reconocimiento, valoración e inclusión que amerita este sector.

 

Por el contrario, la segunda concepción que caracteriza a las políticas de la vejez se sitúa desde el enfoque de derechos, donde se promueve la legitimación de las personas mayores en una sociedad integrada y que atiende el tema de la edad. Sobre todo, cuya concepción requiere no sólo de la interpretación positiva del Estado y sus instituciones para llevarlo a cabo, sino que requiere de la aprehensión de un enfoque que situé principalmente a los adultos mayores no desde la perspectiva carencial sino desde una lógica que los reconozca como sujetos activos de derechos y con obligaciones al respecto. Permitiendo que con ello se pueda reivindicar el papel que juegan en nuestra sociedad, tanto en el terreno económico, en el ámbito educativo y un aspecto muy importante, en la participación política, atendiendo que se tomen en cuenta para el diseño de las políticas que les otorguen beneficios. ¿Me pregunto qué pensaran los adultos mayores acerca de sus necesidades, intereses y expectativas como ciudadanos?

 

Si bien es cierto que el día de hoy en el país los adultos mayores cuentan con marco normativo que regula y da cuenta de las necesidades mínimas que se requieren cubrir para proporcionar bienestar al sector, así como la garantía de que todos cuenten con una pensión universal; no obstante, se requiere fortalecer instrumentos que no sólo nos permitan llegar desde una perspectiva carencial a combatir el problema, sino que sean los problemas que tenemos en cada rincón del país, los que marquen las pautas para intervenir de manera adecuada.

 

Finalmente, me pregunto si sólo el Estado es quien debería replantearse la concepción respecto a cómo entiende y qué espera de la vejez, o si acaso la sociedad misma es quien tiene que replantearse esta situación. Muchas personas consideran que resulta imprescindible preguntarles a los niños ¿cómo les gustaría que fuera nuestro país en el futuro?, sin embargo, yo considero que igual de importante es preguntarnos, ¿cómo nos gustaría envejecer en México?