Perlas sueltas

Aspirina, la prórroga de declaración patrimonial

La obligación de los burócratas de base de presentar declaración de situación patrimonial es un trámite innecesario que sólo les provocará gastos.

Algo tarde, Joel Ayala solicitó a Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, una prórroga hasta fines del año fiscal vigente, para que los burócratas de base presenten su declaración de situación patrimonial y de interés a que los obliga la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Parece una aspira para una enfermedad terminal.

Fue tardío porque el dirigente de la FSTSE hizo la solicitud, cuando desde hace un año en el ISSSTE los trabajadores cumplen con esa obligación burocrática. Buscaba un respiro especialmente para el Gobierno de la Ciudad de México, de cuyo sindicato administra las cuotas sindicales a través de un engendro llamado Directorio Sindical.


La declaración patrimonial es una política pública  que tiene como fin detectar movimientos inusuales en las economías de los trabajadores. ¿Cree usted que un barrendero se enriquece de la noche a la mañana por hechos de corrupción o un maestro o una enfermera?

Al presidente de la central burocrática FSTSE y del Directorio Sindical del SUTGCDMX, parece que se le acabo la visión: una prórroga es insuficiente; se requiere que la obligación sea derogada, para evitar gastos para un trámite sin razón.

Por lo menos la FSTSE logró que la entrada en vigor de la obligación se aplazara unos meses. El SNTE que encabeza Alfonso Cepeda Salas ha mantenido una actitud apática, temeroso de generar molestias al gobierno federal, olvidándose que también los maestros deben presentar su declaración patrimonial.


El magisterio con esa actitud de indiferencia, da la impresión que no quiere dar el más mínimo pretexto para que nuevamente se hable de convocar a elecciones por la dirigencia del SNTE, donde enfrentaría a la maestra Elba Esther Gordillo.

Y es que Cepeda Salas, un ex aliado de la maestra Elba Esther Gordillo, sustituyó en el liderazgo del sindicato más numeroso del país y de América Latina a Juan Díaz de la Torre, en una decisión cupular, sin tomar en cuenta la opinión de los trabajadores.

Da la impresión que a Cepeda Salas además de preocuparle recibir presiones gubernamentales para que convoque a elecciones democráticas, se le recuerde que en el sexenio de Enrique Peña recibió varios millones de pesos para que el SNTE defendiera la reforma educativa que con López Obrador fue echada abajo.

A imagen y semejanza del SNTE, tampoco la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), hizo nada para defender a sus agremiados de la obligación de cumplir con un requisito que nada aporta para reducir la corrupción en el país.

Agustín Avilés Noguera, María Eugenia Dávalos González, Víctor Bernardo López Carranza e Ignacio Castillo Flores, presidentes colegiados de la FEDESSP, quedaron pasmados, mientras los trabajadores afiliados a sus sindicatos se tronaban los dedos para tratar de cumplir y evitar una sanción que pudiera llegar al despido.

 

“Los textos escritos en esta columnas no son informaciones con sustento en documentos; son versiones no confirmadas que se escuchan en los sindicatos.”

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