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Bertha Orozco, magistrada del TFCyA pide licencia en Senado; pero mantiene liderazgo 

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, solicitó licencia a su plaza de base más de un mes después de tomar posesión ante el tribunal de conciliación.

Por El Pordiosero

 

Bertha Orozco Márquez es magistrada ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA), propuesta por la central burocrática la FSTSE. Ante una queja administrativa que trabajadores de la Cámara de Senadores presentaron en la contraloría interna por incompatibilidad, tramitó licencia en su plaza de base, aún cuando se mantiene como secretaria general del sindicato mayoritario en ese órgano legislativo.


 

El 18 de abril, la señora Orozco Márquez comunicó la licencia sin goce de sueldo que solicitó y, aclaró que de acuerdo con lo dispuesto por el estatuto del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, “seguiré al frente como secretaria general”.

 


Sólo que casi un mes antes, el 24 de marzo, se presentó una queja administrativa por incompatibilidad en el desempeño de la señora Orozco Márquez como trabajadora de base del Senado de la República y magistrada en la cuarta sala del TFCyA.

 

Ese sindicato -titular de la relación laboral al afilar a la mayoría de los trabajadores- vive, desde la conclusión de la primera gestión de su secretaria general, en 2013, una diversidad de irregularidades que llevaron, al decimosexto tribunal colegiado a otorgar el amparo a los trabajadores que se inconformaron con el reconocimiento del tribunal de conciliación a la ampliación de un año de la primera gestión.

 

En el amparo directo DT.- 35/2016, ordenó al TFCyA anular la toma de nota que había otorgado a la reforma estatutaria que permitió la ampliación de la gestión sindical un año más.

 

De acuerdo con una relatoría firmada por Berenice Díaz Ortiz, María Juana Sandoval Gutiérrez y Julio César Bravo Villeda, el 3 de febrero de 2017 el apoderado legal de ese sindicato, Eleazar San Agustín González -quien ese trabajador de base de ese órgano legislativo- fue notificado del amparo otorgado a los trabajadores que combatieron la toma de nota a la ampliación sindical.

 

Sólo un mes más tarde, esto es el 1o de marzo de ese año, la señora Orozco Márquez emitió una convocatoria a asamblea extraordinaria -realizada dos días después-, en la que presentó el pliego correspondiente a ese año, así como asuntos relacionados con plazas de base.

 

Sólo que, de acuerdo con la relatoría, el 14 de marzo la dirigente sindical en la Cámara de Senadores, suscribió ante el TFCyA “una convocatoria diversa a la que había presentado a los trabajadores y un acta de asamblea en la que describe nuevamente una reforma y ampliación del Comité Ejecutivo, para el periodo 2016-2019”, por lo que de nuevo trabajadores iniciaron un juicio de nulidad ante el TFCyA.

 

Frente a la serie de irregularidades, se han tramitado dos denuncias penales en contra de la secretaria general, “por llevar a cabo diversos delitos en agravio de la organización sindical”, toda vez que tenía conocimiento que no estaba legitimada para reclamar al Senado de la República prestaciones económicas y en especie, ni celebrar convenios a partir de que se le retiró la toma de reconocimiento gubernamental a la ampliación de su gestión hasta 2014.

Según los trabajadores, la dirigente sindical ha incurrido en fraude en contra del Senado de la República, por lo que la Fiscalía General de la República debe deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones penales que correspondan, n términos de lo previsto por el artículo 386 del Código Penal Federal.

 

La señora Orozco fue reelecta secretaria general en 2019, para una gestión ahora de seis años, por lo que se mantendrá en el cargo hasta 2025.

 

Cercana en los afectos del presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, quien en diciembre de 2018 la propuso como vicepresidenta de esa central.

 

La relación entre ambos se fortaleció entre 2012 y 2018, periodo en el que Ayala Almeida fue por segunda ocasión senador de la República por el PRI, partido al que renunció en octubre de 2019, por el que fue diputado federal en tres ocasiones y diputado local en la Ciudad de México.

 

Más recientemente, a la muerte de Humberto Cervantes Vega -ocurrida a finales del año pasado-, quien era magistrado representante de los trabajadores en la cuarta sala de, TFCyA, la propuso para ocupar esa vacante.

 

Durante semanas, la designación que la FSTSE hizo de la señora Orozco Márquez como magistrada ante el tribunal de conciliación, se mantuvo en la opacidad. Todavía en la actualidad su nombre no aparece en el Boletín Burocrático.

 

Quizá esa situación se deba a que el presidente de la FSTSE tenía la certeza que Hilario Ramírez Chávez aceptaría ser magistrado ante el TFCYA, a cambio de renunciar a sus intenciones de ser candidato a la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE).

 

En un pleno del comité ejecutivo nacional de ese sindicato, Luis Miguel Victoria Ranfla se refirió a que la instancia política le había otorgado la concesión para que fuera él quien tomará la decisión de quién habría de sustituirlo en la dirigencia. Decidió, reconoció, que fuera Norma Liliana Rodríguez Argüelles. ¿Las reglas no escritas a las que se refirió no tomaban en cuenta la opinión de la Secretaria de Gobernación y la Dirección general del ISSSTE?

 

Ramírez Chávez declinó la oferta que le hizo Ayala Almeida, por lo que la señora Orozco Márquez se mantiene como magistrada ante el TFCyA y debió tramitar una licencia sin goce de sueldo en su plaza de base en la Cámara de Senadores, pero enfrenta riesgos de sanciones administrativas… por lo menos.

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