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En la Corte, un año sin ser resuelto juicio de despido injustificado de líderes de controladores

En mayo de 2022 la segunda sala habría recibido el expediente que un tribunal colegiado le envió desde noviembre de 2021. La ministra Loretta Ortiz sigue sin terminar el proyecto de resolución.

Por El Pordiosero

 

La aplicación de justicia pronta y expedita es uno de los muchos objetivos inalcanzados en nuestro país. Desde hace un año, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un tribunal colegiado en materia de trabajo no han resuelto un juicio de amparo del cese injustificado de los dirigentes sindicales delos controladores aéreos, José Alfredo Covarrubias y Ángel Iturbe Estrop, por burocracia en el envío del expediente.


 

Según el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, desde noviembre del año pasado envió el expediente DT 750/2021 a la segunda sala de la SCJN, para que la ministra Loretta Ortiz Ahlf elabore el proyecto de resolución de la revisión del amparo.

 


Según la sala de la Corte, el legajo fue recibido en mayo pasado, asignándosele el número de expediente 2094/2022, lo que de ser cierto implicaría que después de cuatro meses la ministra Ortiz Ahlf no ha concluido el proyecto de resolución que someterá a votación del pleno.

Covarrubias Aguilar e Iturbe Strop, secretarios general y de organización del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SNACTA), fueron cesados por supuestamente no presentarse a trabajar en las plazas que ocupan en el organismo público desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), el 14 de febrero de 2020, consecuencia de una campaña de persecución por venganzas personales implementada por Raúl Campilla Gómez y Mauro Sánchez Méndez, ex coordinador nacional de tráfico aéreo y ex jefe del jurídico -a este públicamente lo han llamado “extorsionador de sindicatos”-.

 

Campilla Gómez fue el primer secretario general del SINACTA, luego que en mayo de 1999 la Corte declaró inconstitucional el artículo 68 de la ley burocrática que limitaba la organización de sólo un sindicato por dependencia pública, mientras a Sánchez Méndez le entregaban una dádiva por una supuesta asesoría.

 

Cuando Víctor Manuel Hernández Sandoval fue designado director general del SENEAM al inicio de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, nombró a Campilla Gómez como uno de sus funcionarios, quien posteriormente lo convenció para incorporar a Sánchez Méndez, quien si bien tiene un título de abogado, carecía de experiencia.

 

También fueron nombrados funcionarios Gustavo Alcalá y Raúl Lujano, ex dirigentes en el SINACTA. Los cuatro, por razones que sólo ellos conocen, incubaron un odio contra sus ex compañeros, contra los cuales emprendieron una cacería con el objetivo de desaparecer el sindicato de los controladores aéreos.

 

Con el argumento que ni Covarrubias Aguilar ni Iturbe Estrop revalidaron sus licencias de controladores aéreos al no haber cumplido con cursos de inglés ni exámenes médicos, los ahora ex funcionarios convencieron al director general del SENEAM que no les extendiera las licencias sindicales que conforme a la ley burocrática tienen derecho.

 

Sin convocar a la representación sindical conforme los obliga la ley, levantaron actas administrativas por faltas injustificadas en contra de ambos dirigentes y ordenaron su cese. Los acusaron, entre otros excesos, de poner en riesgo la aviación nacional.

 

En un ejemplo de la irresponsabilidad con la que funcionarios de quinto nivel se conducen sin tener consecuencias, insertaron en el Diario Oficial de la Federación la notificación del cese de los dirigentes del SINACTA, para vergüenza de un gobierno que presume la democratización de los sindicatos.

 

El representante legal de los controladores aéreos, el abogado Alejandro Velázquez Méndez inició el juicio de despido injustificado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA). Radicado en la primera sala, presidida por el magistrado Rufino H. León Tovar, con quién Sánchez Méndez se reunió en algunas ocasiones.

 

En el laudo dictado por la sala a cargo de León Tovar, al cumplimentar el amparo 2257/20, incurrió en una serie de excesos jurídicos para justificar su decisión de no ordenar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la reinstalación de los dirigentes sindicales. No precisaron “pormenorizadamente, esto es, con todo detalle”, argumentó, las prestaciones reclamadas, pues con esa omisión impide que la demandada pueda desvirtuarlas y a ellos resolver “en conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada y, sobre todo, lógica y jurídicamente”.

 

Incluso el magistrado representante de los trabajadores en esa sala, Ismael Cruz López, emitió un voto particular en contra del laudo.

 

Ese laudo -emitido el 6 de octubre de 2021-, al ser impugnado, debió ser enviado en noviembre a la Corte por el colegiado que conoció del amparo. Según esto, en la segunda sala habría sido recibido en mayo, es decir siete meses después.

 

Y cinco meses más tarde, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, aún no concluye el proyecto que someterá a votación del pleno de la sala.

 

Mientras, los dirigentes sindicales de los controladores aéreos no perciben ni salarios ni prestaciones. El secretario de organización del SINACTA, Ángel Iturbe Estrop, paga un seguro de gastos mayores que requiere para combatir una enfermedad grave, gracias al apoyo de su familia.

 

Dos irregularidades adicionales: Campilla Gómez ocupó una coordinación inexistente, mientras Sánchez Méndez fue promovido -antes que se le pidiera la renuncia- a una plaza de ingeniería. ¿Corrupción…?

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