Gremio sindical se solidariza con Notimex

Tras cumplirse 500 días en que el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex está en huelga, 45 sindicatos, abogados laboristas y organizaciones pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención contundente para solucionar el conflicto en la agencia de noticias del Estado mexicano.

En una carta, manifiestan su apoyo a la secretaria General, Adriana Urrea, quien ha sido blanco de acusaciones por parte de Sanjuana Martínez, directora de la agencia de noticias del Estado Mexicano y quien se ha negado a ceder para resolver el asunto.

El documento detalla que la empresa no ha querido reconocer la legalidad de la huelga y pese a tener ya un apercibimiento por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, continúa en labores.

El conflicto originado por una ola de despidos injustificados ha sido resuelto por las autoridades ordenando la reinstalación, sin embargo, la directora Martínez los ha incumplido, por lo que la huelga se mantiene.

“Durante todos estos meses a Dirección ha mantenido parcialmente sus actividades parcialmente, más grave aún, ha hecho caso omiso de las resoluciones de la autoridad y ha violado sistemáticamente la Ley afectando gravemente los derechos elementales de las personas trabajadoras…Ha utilizado indebidamente recursos públicos para llevar a cabo campañas de desprestigio contra un sindicato legitimado ante la autoridad laboral”, indica el documento.

A nombre del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral en el que participan dirigentes sindicales entre otros expertos en el ramo exhortaron a la dirección de Notimex a terminar con las campañas de odio y calumnias; piden al Presidente de la República pedir la suspensión de labores en la agencia hasta que se acaten las resoluciones de las autoridades laborales.

Piden también reconsiderar la permanencia de Sanjuana Martínez en la dirección de Notimex dada su conducta violatoria a la ley y advierten que llevarán el caso a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde esperan que su titular sea imparcial al emitir la recomendación respectiva.