Datos duros

Trabajadores y empresas de outsourcing en vilo

Coparmex advierte que 3.1 millones de empleos están en riesgo. Falta de acuerdos en la Comisión Permanente del Congreso impiden discutir ampliación del plazo para entrada en vigor de las restricciones

Era casi un hecho la ampliación del plazo para que las empresas que utilizan servicios de outsourcing absorbieran al personal, así como la regulación de las dedicadas a la subcontratación se registraran formalmente para ser vigiladas por el gobierno, pero los diputados no llegaron a un acuerdo y la fecha límite se mantiene para el 01 de agosto próximo.

Desde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Morena y todos los partidos de oposición reconocieron la necesidad de dar más tiempo a las empresas, sin embargo al no alcanzarse los votos para realizar un periodo extraordinario el plazo no se pudo ajustar.


El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, explicó que su propuesta era extender un mes el plazo y la consecuencia jurídica de la no aprobación del extraordinario es que las modificaciones en materia de outsourcing se aplicarán en los lapsos establecidos.

“No sé si tendrán el tiempo suficiente para cumplir con las obligaciones que los transitorios señalan. Las empresas que utilizan la subcontratación no les dará tiempo para realizar el registro ante la Secretaría del Trabajo, darse de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrarse en el Servicio de Administración Tributaria e iniciar con sus obligaciones fiscales ante otras dependencias”, dijo.

A pesar de esto, Monreal aseveró que el dictamen se seguirá trabajando y confió en que se logre el periodo extraordinario de sesiones.


Al respecto, la Confederación patronal de la República Mexicana, Coparmex, dijo que la ampliación del plazo para la implementación de la reforma a la Ley de Subcontratación, es fundamental para otorgar certeza laboral a por lo menos 3.1 millones de trabajadores vinculados a esquemas de outsourcing y de 387 mil empresas que han encontrado dificultades técnicas y operativas para ejecutar las nuevas disposiciones, cuya fecha límite de cumplimiento es este 01 de agosto.

En un comunicado pidieron a los legisladores considerar el tema y ampliar el plazo hasta el 1º de enero de 2022 lo que les permitirá homologar la implementación entre los sectores público y privado.

“Hacemos un llamado a los legisladores de todas las fracciones, a las autoridades vinculadas a la reforma para que atiendan la petición del sector. No podemos llegar al 01 de agosto en el contexto actual que haría que muchas empresas caigan en la ilegalidad y que millones de colaboradores pierdan sus fuentes de ingresos por falta de voluntad política”, advirtió el organismo empresarial.

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