Denuncian penalmente a fiscales panameños por confiscar 18 mdd de un empresario mexicano
Un empresario mexicano pelea le devuelva su patrimonio el gobierno de Panamá, luego de que un grupo de fiscales lo acusa sin imputación de recibir dinero del crimen organizado
Desde hace unos días se supo que fueron presentadas querellas penales ante tribunales de México en contra de los Isis del Carmen Soto Espinosa, Marcos Mosquera de la Guardia y Sandy Cedeño Tejeira, fiscales del Ministerio Público de Panamá, por ordenar de manera ilegal en octubre del 2019 confiscar 18 millones de dólares a un empresario mexicano, quien fue invitado para invertir en aquella nación.
“La corrupción en el Sistema de Justicia de Panamá no tiene límites, ya han pasado tres años y siete meses con mis bienes aprehendidos ilegalmente, incluso cuando un Juez de garantía negó la imputación de la fiscalía, todavía no cierran la investigación y liberan mis bienes por la falta clara de elementos”, declara el empresario extranjero, que por su seguridad prefiere mantener su nombre en el anonimato.
El empresario asegura que “desde marzo del año 2020 la Fiscal tiene un dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizado por los peritos José Vergeli, Jorge Naranjo y Fabio Duarte, el cual Isis Soto firmo, que conclusivamente decretó que no hay pruebas suficientes para determinar, que el dinero recibido sea es producto de una actividad ilícita”.
El inversionista, que fue invitado para invertir en Panamá, muestra un documento probatorio y explica que “ellos sabían desde marzo de 2020 por su propio informe que todos mis ingresos son de fuentes legítimas de negocios y aun así continúan manteniendo ilegalmente mis bienes”.
“Es preocupante que nuestro Sistema de Justicia se preste para esto, ya que es una situación completamente orquestada por parte del Ministerio Público, no me paro de sorprender de sus actos tan desleales, con falta de ética y principios”, apuntó Franklin Amaya Jované, abogado del empresario mexicano.
“Aún es más delicado de que las otras partes se presten para apoyar esto, el caso lleva tres años y siete meses, sin llegar a investigación sumarial formal”, dijo el defensor.
“Los bienes por 18 millones de dólares siguen estando aprehendidos por el mismo tiempo”, afirmó.
En octubre de 2019, los fiscales panameños confiscaron sin una imputación de cargo los bienes del empresario mexicano.
Además pidieron inadmitir a un inversionista de Panamá y deportar al empresario a México por presuntamente lavar dinero al crimen organizado.
También los Fiscales le solicitaron al empresario mexicano comparecer a un acto de audiencia donde se le notificó del proceso. Esa comparecencia fue hecha a través del correo electrónico de Gmail de la juez extranjera María Angels Moreno Aguirre a la entidad bancaria Scotiabank, quien también se ha querellado penalmente.
Parte de su dinero fue transferido al Banco Nacional de Panamá, así como sus vehículos fueron puestos a órdenes de la Dirección de Bienes Aprehendidos del MEF. Desde esa dependencia fueron enviados a la Asamblea Nacional y ahí están siendo utilizados por los diputados.
La diputada del Partido Revolucionario Democrático, del circuito 8 – 1 Kayra Harding Tejada fue captada en video mientras utilizaba una camioneta marca Range Rover Vogue de lujo propiedad del empresario mexicano. Otros tres vehículos fueron subastados sin haberle notificado por un precio más bajo al del mercado.
El código procesal penal en el artículo 286, tiene previsto que el Juez podrá conminar al Ministerio Público a presentar imputación. De no hacerlo, entonces se liberarán los bienes y se cerrará la causa.
Bajo este argumento la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión de una Juez de Garantías previa de no acceder a conminar al Ministerio Público a formular la imputación.
Al negarle la imputación de cargos al Ministerio Público por la estricta norma que dictamina el Código Procesal de Panamá, la investigación debió ser archivada. Sin embargo, esto no ha ocurrido, por ley está investigación no puede seguir abierta.
El 29 de septiembres del 2022, el juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Zambrano negó la solicitud del Ministerio Público en su formulación de imputación cargos al empresario.
“En los 36 meses de investigación, no cumplía con los requisitos mínimos que exige el Código Procesal Penal de Panamá”, declaró el juez Carmelo Zambrano, tomo como no presentada la imputación.
El Ministerio Público había traído una investigación inconclusa, con muchos errores y una clara discordancia en sus elementos de convicción.
La Juez Clara Montenegro dictó la liberación de los bienes del empresario, pero el Ministerio Público apeló.
Acto seguido el Primer Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la juez para liberar los bienes, debido a que las Magistradas Asunción Alonso, Gladys Moreno y Giovanina Antorinori consideraron que “independientemente que se le negará la imputación” de cargos al Ministerio Público ya habían cumplido a cabalidad lo que exige el artículo 286 del Código Procesal Penal y por lo tanto, los bienes debían continuar aprehendidos.
Su equipo legal solicitó una audiencia de Habeas Corpus en la cual La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precedida por la Magistrada María López, confirmó dicha decisión utilizando jurisprudencias e interpretaciones alejadas de lo que exige la estricta norma.
Los partícipes de este escándalo, Isis del Carmen Soto, Marcos Mosquera de la Guardia y Sandy Cedeño Tejeira. Ahora tendrán que ser notificados y estarán sujetos a una orden de conducción internacional para que su proceso en México pueda darse inicio y estar formalmente arraigados.
El abogado Salvador Padilla, quien ha representado al empresario mexicano en su proceso en Panamá, dijo que lo que está llevando la Justicia Nacional es un proceso que históricamente va a condenar al país a una serie de injusticias, como consecuencias de crear conceptos nuevos que no están en la ley.
Adicional señaló que, no puede haber un carácter intermedio respecto de una posición legal en relación a se es o no se es imputado, se es o no es acusado.
Finalizó expresando que, “en decir lo contrario implicaría una inminente violación a los derechos humanos constitucionales de mi presentado, tan grave que ubicaría a la República de Panamá como un lugar muy poco seguro para invertir, vivir y sobre todo para confiar en su justicia”.
