Suenan tambores de guerra en el SNTISSSTE

*Antes de convocar a elecciones mediante voto personal, libre y secreto de sus casi 80 mil trabajadores en el país, el SNTISSSTE deberá realizar un congreso extraordinario para reformar su estatuto, el cual tendrá que ser convocado con un mes de anticipación. ¿Cuando se llevará a cabo?

*Un reducido grupo, en el que destacan Alberto Noe Berumen, Ernesto Pacheco, Guillermina Galindo y Mario Armando Ordaz, ha trabajado en la elaboración de un proyecto de reforma estatutaria. Sólo ellos, y Luis Miguel Victoria, conocen el contenido.

*Según esto, entre otras figuras, se mantendrá el Comité Electoral con cinco integrantes -no figuraría quien ocupe la Vicepresidencia- y no se incorporarán los representantes de las planillas contendientes, de acuerdo con un primer borrador.

*De confirmarse la versión, parece un despropósito, porque de entrada pretendiera dejar sin voz y voto en el órgano que tendrá a su cargo la solución de controversias en la materia electoral, al actual vicepresidente, Hilario Ramírez Chavez, quien se perfila como el candidato con mayores posibilidades de alcanzar el triunfo.

*En segundo lugar, ¿se pretende dejar sin posibilidades de defender a las planillas sus eventuales quejas durante el proceso electoral? Pareciera nuevamente un mensaje para contener al actual vicepresidente, a quien parecen provocar. Para no creerse.

*Entre los requisitos que se contemplarían para quien aspire a contender por la presidencia sindical, al parecer serán dos los fundamentales: haber ocupado una cartera en el comité ejecutivo nacional y contar con el apoyo de un determinado número de las 48 secciones.

*Nadie parece darse cuenta que se encaminan a que la elección del próximo presidente del SNTISSSTE concluya en el conflicto jurídico, lo que abriría la puerta a la indeseable intromisión del gobierno federal, en clara violación a la autonomía sindical. Por lo pronto, el estatuto es letra muerta, lo que es ya puede ser un problema jurídico.

*Parece inevitable el conflicto, debido a que la elección, de acuerdo con el estatuto vigente, debió realizarse durante la segunda quincena de mayo, lo que ya no ocurrirá, porque la convocatoria debió publicarse con un mes de anticipación. La ampliación de la gestión autorizada por el comité ejecutivo nacional no está prevista en el estatuto, por lo que es impugnable.

*La gestión de Luis Miguel Victoria tuvo, por lo menos, diez meses para llevar a cabo el congreso de reforma estatutaria, desde el momento en que entró en vigor la reforma al artículo 69 de la Ley burocrática, el 1o de mayo de 2019, y la fecha en que se aplicaron medidas para contener la Covid-19, en marzo de 2020. No hubo visión.

*Hay que darle seguimiento a lo que suena a creciente corrupción en la JLCACDMX a cargo de Victor Martínez Corona, en la que se ha detectado desde venta de plazas, inequitativa distribución en cargas de trabajo y terrorismo laboral. Prácticas inadmisibles en una institución encargada de impartir justicia laboral que enfrenta un rezago histórico en más de 150 mil expedientes.

*Solo para darle una idea: por una plaza de secretario jurídico -es decir, secretario de acuerdos con fé pública-, se dejan pedir entre 100 mil y 120 mil pesos. A quien paga esa cantidad, no se le practican exámenes de admisión ni sicológicos. El dueño del negocio cometió un error y dejó pistas que, en un descuido pueden llegar a Israel Ramírez González y Claudia Pérez Espíndola, de la Unidad Anticorrupción y órgano de control interno.

 

Los textos escritos en esta columnas no son informaciones con sustento en documentos; son versiones no confirmadas que se escuchan en los sindicatos.