Presupuesto para no morir

Ilse Saucedo

 

Cuando veo en los medios digitales y tradicionales los boletines de Alerta Amber y Alerta Alba (boletas de indentificación de menores de edad y mujeres adultas desaparecidas) pienso en ellas, en sus familias, en sus amistades, en la recámara que queda vacía, en las hijas e hijos expectantes, en el cubículo de la oficina o el pupitre esperando su regreso, la impotencia, el miedo y la esperanza de que aparezca, que la boleta tenga el sello de “LOCALIZADA CON VIDA”.

 

Hace más de doce años se publicó la sentencia “Campo Algodonero” emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que representa un antes y un después para el Estado Mexicano cuando hablamos del tema de violencia de género, en ella, se obligaba al Estado a destinar recursos para la prevención, atención, persecución y sanción al delito de feminicidio, hacer memoriales, emitir una disculpa pública por parte del gobierno local y federal en el que se comprometieran a combatir enérgicamente la desaparición y muerte de las mujeres a causa de el simple hecho de ser mujeres.

 

Poco o nada ha pasado desde entonces. Dependiendo del gobierno en turno, se crearon, fortalecieron o debilitaron instituciones que apoyarían desde la creación de políticas públicas hasta la creación y fomento de instrumentos de investigación y procuración de justicia en los casos de violencia de género.

 

Hoy, el INMUJERES es un elefante blanco que solo aparece el 8 de marzo y el 25 de noviembre de cada año para reportar “actividades y avances”, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA): desahuciada, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) se convirtió en una generadora de posters y material didáctico sobre violencia de género pero carece de facultades para actuar y la Comisión  Nacional de Búsqueda (CNB) y las comisiones estatales carecen de personal y presupuesto suficiente para hacer su trabajo.

 

Y entonces, las mujeres y sus familias están desamparadas y a expensas de que un Ministerio Público y la policía de investigación hagan su chamba, que el caso se haga viral para meterle presión al gobierno local o federal, estar detrás de las comisiones de derechos humanos estatales o la nacional ( otro ente inerte) para que registren y tengan evidencia de las múltiples violaciones de derechos humanos que el Estado y sus actores realizan con su indiferencia, ineficacia e inacción; buscar y encontrar otros cuerpos, otras historias, otros sueños truncos que pondrán punto final a la búsqueda incansable de otras familias, pero con la zozobra de cuándo será localizada la hija, hermana, novia, esposa, madre, amiga compañera que tanto se busca y se espera esté con vida.

 

En medio del “estira y afloje” de partidas presupuestales para por un lado impulsar el empoderamiento de las mujeres en los espacios culturales, laborales, educativos, científicos, industriales, entre otros, por otro, la reducción de la brecha de desigualdad de oportunidades y además, para reducir la violencia de género, no se cuenta con un presupuesto que considere y atienda todas las aristas de las necesidades de las niñas, adolescentes y adultas en un país claramente machista; en realidad, no hay voluntad política para comprender y actuar a pesar de estas cifras:

 

• Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en 2021 casi 2 mil menores de edad fueron declarados desaparecidos en México, de los cuales el 55% son mujeres.
• 11 mujeres AL DÍA son víctimas de feminicidio según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
• 7 mujeres desaparecen diariamente, principalmente para ser explotadas sexualmente (SESNSP)
• 6 de cada 10 mujeres mayores de 15 años, han vivido algún evento de violencia de género en el último año (INEGI)
• 4 de cada 10 niñas sufre de abuso sexual (Redim e Inegi)

 

Esto va más allá de si las madres y los padres de familia saben dónde están sus hijas, cómo visten, a que lugares acuden o a que horas están fuera de casa, o si tienen o no buenas amistades (como en el caso de Debanhi Escobar), las víctimas directas e indirectas no son las culpables, quienes cometen estos delitos sí y como sociedad  somos responsables si estos casos siguen ocurriendo, somos cómplices con nuestra indiferencia.

 

Así que por ti, por mi y por todas nuestras compañeras, hagamos que la muerte de estas mujeres no sea en vano: exijamos al Estado personal policiaco capacitado, presupuestos etiquetados con perspectiva de género, autoridades ministeriales y tribunales especializados, instituciones facultadas para actuar y sobre todo, educación basada en el respeto a la diversidad, derechos humanos, libertad e inclusión.

 

Ni una más, ni una menos