Centro de Conciliación y Registro niega toma de nota a tercera parte de dirigencia electa de sobrecargos de aviación
La elección de realizó en noviembre, pero no fue avalada por no cumplir con la ley laboral. La secretaria general de ASSA de México, sin facultades estatutarias, designó auxiliares a quienes resultaron electos.
Por El Pordiosero
A un año de haber asumido la secretaría general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) de México, la gestión de Ada Hermelinda Salazar Loza ha sido tan errática que la elección de una tercera parte de los integrantes de la dirigencia -realizada en noviembre- no fue avalada por las autoridades laborales.
Adicionalmente, la secretaria de previsión social, Krizia Piotrowsqui, presentó su renuncia, mientras que a la de conflictos, María Lízbeth Contreras, le quitó sus funciones por cuestiones personales y con lo que además evitó que asumiera la titularidad de la de trabajo, sin importarle violentar el estatuto.
En las elecciones realizadas en noviembre pasado, estuvieron en juego las secretarías de trabajo -ganada por Janette Echegaray Baca-, tesorería –Héctor González Sánchez– y la de prensa –José Andrés Becerra Valdés-, además de una posición en las comisiones de hacienda –Liliana Colín Bustamante– y vigilancia –Ana Liz González de la Vega Pérez-, del tribunal de honor y justicia –Corina Muñoz Contreras-; las vocalías de sobrecargos –Jonathan Loam Amezcua– y de ejecutivos –Tania Lucía Flores Valdés– y la delegación de transportes Aeromarítimo –Gloria Marisol Amezcua-.
Fueron las primeras elecciones efectuadas durante la gestión de la señora Salazar Loza. El Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, le negó el reconocimiento gubernamental al no haberse ajustado a lo previsto por la ley laboral.
ASSA de México, frente a la resolución, inició un juicio de amparo indirecto, el cual se encuentra en trámite.
En tanto y en una evidente violación al estatuto sindical, la secretaria general decidió que quienes fueron electos pero carecen de la toma de nota -reconocimiento jurídico-, se desempeñen como auxiliares en las posiciones que por el voto de los trabajadores debieran ser titulares. Una violación más al estatuto sindical.
El estatuto establece que son los titulares de las carteras, los que solicitan se les designen auxiliares. La señora Salazar Loza carece de facultades para hacer ese tipo de designaciones sin que medie petición.
La situación, de por sí grave, se agudizó tras la renuncia de la secretaria de previsión social durante la asamblea de julio. Pese a que el sustituto debiera ser el secretario de cultura y deportes, Jorge Kellog, al ser el que sigue jerárquicamente, se decidió que fuera José Andrés Becerra Valdés, quien de manera -otra vez- antiestatutaria era el de prensa pero que forma parte de grupo al que la autoridad laboral no le otorgó reconocimiento a su elección de noviembre pasado.
Según esto, la secretaria general de ASSA de México, tiene entre otros problemas, que según ella el estatuto sindical es obsoleto y por tanto no debe ser aplicado, además que considera que al ser ella quien tiene la representación jurídica, que los otros integrantes de la dirigencia sindical la tengan o no carece de importancia, lo que muestra el nivel de ignorancia. ¿Los dos despachos jurídicos que la asesoran no le han hecho ver la gravedad de la situación o se conforman solo con cobrar?
La falta de aprecio por la norma interna de la organización de la señora Salazar Loza, la llevó a quitarle funciones a María Lízbeth Contreras Uribe, como titular de la secretaria de conflictos.
La secretaria de conflictos debió asumir, de acuerdo con el estatuto, la titularidad de la secretaria de trabajo, al no haberse reconocido la elección de Janette Echegaray Baca -del grupo de Salazar Loza-, quien fue designada auxiliar de esa posición, pero sin posibilidad de firmar documentos. Parece un galimatías por la torpe conducción de ASSA de México, debido a que se trata de la segunda posición.
Como consecuencia, la secretaria general fue consignada ante la comisión de vigilancia. El asunto, de prosperar, pasará al tribunal de honor y justicia, que preside Arturo Grajales -junto con Amparo Trejo y Jorge Kellog son, dicen sus malquerientes, de quienes influyen en la señor Salazar Loza– donde sería exonerada.
ASSA de México cuenta con diez secretarías -más la general- en su comité ejecutivo, de las cuales cinco en la actualidad se encuentran formalmente acéfalas. La falta de liderazgo de la secretaria general, mantiene en un estado de vulnerabilidad a los sobrecargos.
La actitud de la señora Salazar Loza resulta incomprensible: no ha buscado reunirse con el director general de Aeroméxico, pese a la cercanía de la revisión salarial, del anexo y del contrato colectivo de trabajo en mayo.
El contrato colectivo de trabajo vence el 31 de mayo y el 1o de junio concluye legalmente el convenio que le permitió a Aeroméxico sortear una crisis económica que en 2012 puso en riesgo su viabilidad financiera.
Incluso debe ser revisado también un anexo que en 2008 permitió a la línea aérea aplicar un salario distinto a los sobrecargos de nuevo ingreso.
El convenio que entró en vigor el 1o de junio de 2014 con una duración de diez años, implica que en la actualidad por lo menos el 40 por ciento de los sobrecargos perciban salarios un 50 por ciento por debajo de los que se pagan a quienes trabajaban para la linea aérea.
Entre otros problemas que no ha atendido, es el concerniente a que el 1o de enero debió aplicarse un aumento salarial en la línea aérea como ajuste de la inflación, de acuerdo a lo pactado con motivo de la pandemia de Covid-19. El segundo párrafo de la cláusula tercera de ese convenio establece:
“El primero de enero de 2024 los salarios tabulares se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el índice de inflación publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía correspondiente al periodo de diciembre de 2033 a noviembre de 2023. Por su parte los salarios serán revisados 31 de mayo de 2024 en términos de lo señalado por el artículo 5 del Contrato Colectivo de Trabajo en relación al 399 Bis de la Ley Federal del Trabajo”.
El último párrafo de esa cláusula, prevé que la revisión total del contrato colectivo vence el próximo 31 de mayo.
Mientras los problemas de acumulan en la organización de los sobrecargos aéreos, su secretaria general se empeña en violentar el estatuto.
